El patrimonio es un concepto en evolución. Comenzó centrando su atención en monumentos singulares que representaban el poder civil (castillos, palacios…) y religioso (catedrales, monasterios…), pero con el paso del tiempo se han ido incorporando otras categorías. Desde la década de 1980, y gracias a la acción del Consejo de Europa, se considera también parte del patrimonio las construcciones de carácter industrial y técnico y las construcciones de ingeniería en el conjunto de las llamadas obras públicas.

El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico y científico y lo integran edificios y máquinas entendidos en un contexto amplio que incorpora los espacios donde sucedieron los procesos industriales y aquellos en que se desarrollaron las actividades sociales relacionadas con la industria (espacios residenciales, de servicios, de sociabilidad).

Tradicionalmente las obras públicas han ocupado un lugar marginal en su consideración patrimonial. Se ha debido a varias causas, entre las que destacan su condición funcional y el general desconocimiento sobre su existencia y significado, esto en buena medida motivado por las dificultades para acceder hasta ellas y observarlas en su completa dimensión. El territorio es lo que da sentido a la obra pública, y la naturaleza el único escenario en el que puede entenderse. Son obras públicas las construcciones de ingeniería que permiten las comunicaciones terrestres (carretera, ferrocarril…), las obras hidráulicas (abastecimientos de agua a poblaciones, aprovechamiento de su posibilidades energéticas…), las obras marítimas (defensa de costas, construcciones portuarias…). Para establecer su valor cultural se emplean cinco criterios, los valores científico, histórico, estético, simbólico y de uso, y se atiende a diferentes aspectos como los materiales y tipologías, los procesos constructivos, los planteamientos teóricos y el sentido territorial.